Monseñor Romero fue un hombre justo, si por ello entendemos que vivió apegado a la justicia y la razón. Ahora que estamos cerca del 46 aniversario de su martirio, deseo reflexionar un poco al respecto. Y es que él, parafraseando a don Pedro Casaldáliga, siempre estuvo junto a las injusticiadas y los injusticiados. Y lo hizo con conciencia y valentía, viviendo y sufriendo el dolor de la negación del bien común en un país como el nuestro; lo hizo, además, muchísimo antes de haber sido nombrado cuarto arzobispo de San Salvador. Por ello, haré un fugaz recorrido por algunos de sus mensajes que desde enero de 1945 hasta septiembre de 1967 fueron publicados en el Semanario “Chaparrastique”. También escribió para diversos medios más, tanto del oriente del país como en otros de cobertura nacional e internacional; aunque en esta ocasión solo citaré y comentaré algunos pasajes de ese rotativo, no hay que dejar de lado las enseñanzas contenidas en sus homilías, cartas pastorales y discursos.
Un buen punto de partida es el texto conocido el 20 de enero de 1945. En este, premonitoriamente, dejó claro en qué consistía el amor a la patria; lo hizo y estableció la diferencia entre sus convicciones y el actuar de ciertos personajes que entonces le hacían, posteriormente le hicieron y en la actualidad le siguen haciendo tanto daño a esta. “El hombre debe amar a su patria”, expresó entonces. “Y cuando el bien de ella lo exige –continuó– debe el patriota sacrificarse hasta la vida. Lo contrario sería no ser patriota”. Así pues, además de convertirlo en santo, su sacrificio lo confirmó como nuestro más grande patriota por la causa de la justicia.
En el artículo que publicó en el “Chaparrastique” el 13 de mayo de 1950, adelantó algo que repitió durante su última homilía completa pronunciada en la Catedral metropolitana el 23 de marzo de 1980 y que mucha gente –dentro y fuera del país– lo interpretó como la firma de su sentencia de muerte. En esa columna de opinión manifestó que una ley es “injusta” cuando, precisamente, “no tiende al bien común sino al bien particular del legislador o de una minoría que manda”. Y continuó señalando que esos “excesos, en recta doctrina, no se llamarían leyes sino violencias”; por tanto, “no hay obligación de obedecerlas en conciencia”.
Seguidamente hizo un llamado al Parlamento para que tuviera “presente que la justicia no pide favores sino derechos”; agregó que si estos eran atropellados en la Constitución que estaba por aprobarse, edificarían ‒“con mucho trabajo y ciertamente con mucho costo para la nación”‒ un edificio cimentado “en arena”. Meses después, el 9 de septiembre de ese año, refiriéndose a la futura carta magna aseguró que para que una ley fuera ley y tuviera la “fuerza de obligar” debía ser “justa”. De no ser así, los gobernantes la harían cumplir no “por la fuerza de la justicia sino por la fuerza bruta” tal como ocurrió hasta el fin de la guerra y como está volviendo a ocurrir según diversas denuncias, no obstante el discurso y la propaganda oficialista.
Dos semanas después, se refirió a la relación entre la Iglesia católica y el Estado en el marco de un escenario en el cual se repetía y repetía ‒como ahora‒ que “una nueva esperanza” animaba al país y que todas sus “fuerzas” debían colaborar para que esta fuese realidad. Romero sostuvo que había que esperar “con serenidad el lenguaje más elocuente de los hechos”. Y ya sabemos qué pasó con el correr de los años: guerra sucia estatal, guerra de guerrillas y guerra interna total. Pero desde aquella época, hace ya más de siete décadas y media, quien ahora es el santo patrono de los derechos humanos y de su defensa se refirió a “las mentes amamantadas del odio o indiferencia para criticar ciertas actitudes de la Iglesia salvadoreña en las circunstancias políticas” que se vivían. Esas cabezas calenturientas volvieron a aparecer reeditadas en estos días para “linchar” política y públicamente a los sacerdotes y pastores que, desde el púlpito o las llamadas “redes sociales”, están poniendo el dedo en las llagas del país producto del accionar gubernamental inconstitucional. “La Iglesia –sostuvo entonces Romero– predica obediencia de los ciudadanos hasta el sacrificio, pero mientras el mandatario y sus leyes se mantengan en su papel de participantes del dominio de Dios. Porque una vez salidos de ese cauce, el mandatario ya no es digno de obediencia y el ciudadano debe obedecer primero a Dios”. Algo similar dijo nuestro arzobispo mártir también el 23 de marzo de 1980. Al día siguiente lo asesinaron…
Escrito por: Benjamín Cuellar
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