Un grupo de madres salvadoreñas se ha organizado para exigir información sobre el paradero de sus familiares detenidos desde 2022, bajo acusaciones de pertenecer a pandillas, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele.
La demanda de estas familias surge ante la falta de respuestas oficiales claras y confiables sobre los lugares de reclusión y las condiciones en que se encuentran los detenidos.
El caso de Merlon Urías, arrestado a los 18 años mientras jugaba videojuegos con amigos, refleja esta situación. Su madre, Mirna Urías, tras meses de búsqueda infructuosa, fundó el colectivo Madres por la Libertad, integrado al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
Este colectivo reúne a más de 60 mujeres que reclaman información a las autoridades. Muchas esperan fuera de las cárceles o consultan a abogados, pero la incertidumbre sigue siendo la constante en sus testimonios.
La realidad en el El Salvador no es para nada favorable, dado que La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas advirtió que seis de cada diez salvadoreños temen ser encarcelados por expresar opiniones contrarias al gobierno. Además, según cifras oficiales, más de 91 mil personas han sido detenidas bajo sospechas de vínculos con pandillas.
No obstante, en 2024 el Ejecutivo reconoció que al menos 8 mil detenidos eran inocentes, aunque la falta de acceso a información verificable impide confirmar la magnitud real de los casos.
De acuerdo con organizaciones sociales, existen casos en los que personas absueltas por falta de pruebas fueron capturadas nuevamente, y otros en los que las resoluciones judiciales de libertad quedaron sin efecto por parte del sistema Penitenciaria.
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