AUTORIDAD Y AUTORITARISMO

El tema es sugestivo e invita a reflexionar desde la teoría y la experiencia, desde la vida cotidiana de quienes se relacionan con estos conceptos ya como funcionarios, gobernantes, administrados o como gobernados. En el presente ensayo se reflexionará primero sobre la autoridad y en un segundo momento sobre el autoritarismo, uno es derivado del otro, aunque no son lo mismo.

Parecería que la autoridad como el autoritarismo son dos caras de una misma moneda, y quien lo enfoque de esta manera no lo hace mal, siendo que su mirada se dirige al sujeto que tiene la condición de tal; sin embargo, si se dirige a la función misma y se parte del rol que desempeña el sujeto y se enfoca la legalidad y se toma en cuenta el perfil del puesto que determina las funciones que debe desempeñar el individuo, no parecen ser dos caras de una misma moneda, puesto que en ambos se manifiestan dos roles con efectos, valores e intereses diferentes, y una moneda con dos lados, aunque tiene simbologías diferentes, sí tiene el mismo valor con una misma utilidad, caso de la autoridad y el autoritarismo son roles contrapuestos, se niegan uno al otro, uno se respalda en la ley mientras y la ética el autoritarismo es ilegal y carece de respaldo moral. 

La autoridad (auctorĭtas,-ātis), está relacionada con otro concepto altamente sensible dentro de las funciones públicas como lo es el poder, cuya naturaleza es lo político reforzado por el factor económico, mismo que requiere un abordaje especial para dimensionar sus atributos e importancia en la vida de la persona humana, por ello, solo se deja expuesto para ser desarrollado en otro artículo, importa que no se pierda de vista que la idea de autoridad está relacionada con el poder. 

De la autoridad debe decirse que es una potestad, condición o prerrogativa que tienen algunos individuos debido a que desempeñan determinadas funciones dadas por la ley, instructivos, manuales u ordenanzas o también algunos roles importantes que les permite incidir en las decisiones de los gobernantes, cubriendo las expectativas sociales (véase art. 39.2 CPn).  

De ahí que el concepto de autoridad es inherente cargo, a la función y a la jurisdicción y no al individuo, aquel es permanente y este es pasajero, quien a su vez -para desempeñarlo- debe ser competente, estar dentro de la legalidad, ser integro, responsable, desempeñarse con espíritu de servicio, transparente, con sensibilidad social, entre otros atributos, puesto que está llamado a ejercer influencia o tomar decisiones en el ámbito de su gestión; sin embargo, aunque esta prerrogativa se origina en la ley y la personifica el individuo su ejercicio será en bien de la sociedad, no para el funcionario y allegados. 

En efecto, esta prerrogativa es para servirle a la gente, resolver las necesidades que le aquejan en cualquier ámbito del desempeño, como la seguridad ciudadana, la salud, la educación, la justicia, la seguridad alimentaria, etc. sin esperar recompensa que no sea la retribución de ley. 

Por otra parte, debe decirse que no toda autoridad tiene un origen de ley, se trata de aquellos casos que se adquieren a base de esfuerzo y sacrificio y, por lo tanto, la sociedad se lo reconoce a la persona por su prestigio y su calidad humana, por haber acumulado competencia en determinada área del saber, oficio o técnica que solo ella puede resolver. Por ejemplo, un cardiólogo, un Psiquiatra, un jurista, un líder religioso, entre otros, que se vuelven referente moral y profesional en su especialidad, a tal grado que se puede afirmar que es una autoridad en su campo por sus conocimientos y capacidad de incidir en el gobierno y la sociedad. Este tipo de autoridad, no le es aplicable o al menos no corresponde que pueda caer en el autoritarismo -ni por su temperamento-, dado que no administra poder ni una función pública.    

II parte

El autoritarismo. Es una variante del concepto de autoridad que tiene a su base lo que se espera de las atribuciones éticas y legales de esta última, pero el funcionario hace lo contrario, va más allá de lo que la ley le señala, siendo entonces que esta figura tiene una serie de connotaciones diferentes al concepto de autoridad, constituye el lado oscuro del poder mal orientado. La autoridad en su ADN esta entretejida de poder, ésta debe utilizarse en beneficio de los gobernados, esa es la razón de ser de la actividad del Estado (art.1 Cn P), así que, en el supuesto del autoritarismo el funcionario orienta sus funciones a fines ilegítimos, a beneficios personales, ilegales, injustos, antiéticos, con lo cual se corrompe y se desvían los fines del Estado; en ese sentido, cabe decirse que el problema en esta relación de autoridad y autoritarismo no está en el poder en sí, sino en el cómo, para qué y para quien se utiliza, el mismo. El mal no esta en el poder, sino, en quien lo mal administra.  

Se insiste en que la autoridad pública se legitima en la ley, que le determina las funciones que debe desempeñar, siendo que es la norma la que manda, prohíbe o permite, por lo tanto al funcionario no le está permitido hacer lo contrario a lo que ella dictamina, tal idea se desprende de la norma constitucional cuando ordena que “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, (Artículos 86.3 y 235 Cn), disposiciones que delimitan los márgenes de actuación de estos, siendo que, en caso de no obedecer la ley cae en abuso de poder y por ende en el autoritarismo.  

 Esta desviación del poder aparece entonces cuando el funcionario a sabiendas que la Constitución no le autoriza hacer, actúa (acción) u omite actuar debiendo o estando obligado a hacerlo, movidos por su hambre de poder y ambición desmedida de acumular riquezas de forma ilegítima y fácil, decide desconocer los límites constitucionales de su mandato, generándose beneficios de cualquier índole para sí o para su entorno cercano. 

En ese orden de ideas, el autoritarismo conduce a una deformación del servicio público, porque el funcionario pone a su servicio o del grupo cercano que le acompaña el poder que administra y no en beneficio del gobernado o del administrado, con el agravante que lo hace cobrando salarios y prestaciones sociales del erario público proveniente de los impuestos del ciudadano. 

El tránsito de la autoridad hacia el autoritarismo obedece entre otros aspectos a la deformación de los valores humanos que ostenta la persona que ejerce la función pública, quien falto de humildad, probidad, equilibrio emocional para comedirse y controlar el poder, cae en la gestión cómoda, no permitiendo que nadie le señale el mal camino que lleva su gestión. La adicción al poder y al dinero fácil, por encima de su vocación de servicio, vuelve irreflexivo al funcionario atrapado en el autoritarismo, no obstante estar obligado a respetar la ley, rechazar el enriquecimiento sin causa y el uso de la violencia contra sus críticos para imponer su autoridad.  

El poder es una sustancia intrínseca a la autoridad y si no se administra bien  tiende a enajenar al funcionario, de ahí que se requiere de éste un control emocional para no dejarse gobernar por él, es decir, debe saber controlarlo, pues genera adicción al punto que el individuo va requiriendo más y más poder para sentirse bien, cual si fuese estupefaciente, de tal manera que debe evitarse poner el pie en la grada de la arbitrariedad, porque el siguiente paso será en el nivel superior que conduce a la concentración del poder, a la deshumanización, a la corrupción y a la destrucción de la convivencia pacífica de la sociedad.

Msc. Leonardo Ramírez Murcia