LA REFORMA DEL ART. 172 DE LA CONSTITUCIÓN.
Luego de los años del terrorismo de Estado y de la terminación del conflicto armado, El Salvador vive una realidad oscura, cargada de crueldad e irrespeto.
La debacle nacional se ha manifestado en todos los aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo jurídico, en lo ambiental, en los derechos humanos de la población.
Sin duda, que la juventud del mandatario salvadoreño o su insensibilidad ante los históricos problemas de la mayoría de la población le ha impedido tener en cuenta los intereses mayoritarios sobre los de la pequeña élite, de la cual él está a la cabeza.
El gobierno de El Salvador ha deteriorado severamente el endeble proceso democrático que se tenía en construcción; ha deteriorado la institucionalidad del Estado, ya que nada se mueve sin la venia del soberano mandatario; uno de los retrocesos más graves tiene que ver con la independencia judicial, hoy por hoy inexistente; ha destruido la descentralización municipal y la autonomía de los municipios; ha violentado la Constitución de la República, al grado que ha ignorado cláusulas pétreas antes inviolables; la reforma constitucional que en El Salvador ha sido históricamente semi rígida ahora es de las más flexibles del planeta; de hecho la reforma que se llevó a cabo el 16 de diciembre dem2025, se realizó a partir de una propuesta con dispensa de trámites y en la misma se sesión se aprobó y se ratificó.
La víctima principal de esa reforma constitucional apresurada e inconsulta ha sido la independencia judicial, pilar de democracia y garantía del justiciable, que se vio fortalecida con los Acuerdos de Paz, se ha deteriorado a profundidad; se suprimió la asignación presupuestaria no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes, del presupuesto del Estado, consagrada en el art. 172 Cn., sustituyéndola por una decisión del Órgano Ejecutivo, al disponer la reforma que “el Órgano Judicial dispondrá de una asignación anual según las necesidades razonables que dicha institución presente”, violentando gravemente la independencia presupuestaria del Órgano Judicial; no conoce el presidente de la República, lo más seguro es que no le importa, que la asignación mínima del 6% del presupuesto general de la nación tuvo su origen directo en los Acuerdos de Paz de 1992, buscando fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la independencia judicial.
No sabe el presidente o no le importa, o no conviene a sus intereses mezquinos, que ese 6% mínimo tenía por finalidad: Asegurar la independencia económica del Órgano Judicial, evitar presiones políticas a través del presupuesto, permitir una administración de justicia más eficiente, profesional y autónoma. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec entendieron que sin jueces independiente no hay democracia, por eso se decidió blindar financieramente al Órgano Judicial y el presupuesto dejó de ser una concesión política anual y pasó a ser una garantía constitucional.
Vergonzoso retroceso, pero al gusto y la medida de las manipulaciones del presidente de la República, se vuelve a un Órgano Judicial débil, con pocos recursos y más poca independencia, subordinado al Órgano Ejecutivo por la vía del presupuesto; la justicia otra vez no será un contrapeso real al poder político.
Un reconocimiento a las y los pocos jueces que, pese a todo, siguen siendo fieles a los mandatos constitucionales. Ninguno es parte de la Corte que ya ni es suprema, ni es de justicia.
Por: Cordelia Cardona
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