DD.HH.: Premiar y castigar

Una de las lógicas actuales del Estado salvadoreño frente a los derechos humanos parece ser: premiar a los que callan ante las violaciones y castigar a quienes las denuncian. Dos hechos de la realidad lo sugieren claramente: por un lado, la reelección de la procuradora Raquel Caballero y, por otro, la persecución política contra varios defensores de derechos humanos.

La reelección de Raquel Caballero como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aprobada por el oficialismo la semana pasada, constituye un premio al silencio cómplice frente a las graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra las personas inocentes detenidas y encarceladas en el marco del régimen de excepción.

Caballero también guarda silencio ante el despido de miles de empleados públicos, desalojo de tierras comunitarias, persecución contra comerciantes informales, cierre de ONGs, restricciones contra el periodismo, reactivación de la minería metálica, excesivo endeudamiento público, quiebre del sistema de pensiones, privatización de la salud, falta de políticas de vivienda popular y otras acciones y omisiones gubernamentales que representan violaciones a derechos humanos.

Mientras que la persecución contra defensores y activistas de derechos humanos es una represalia estatal por promover derechos, denunciar violaciones y acompañar a las víctimas inocentes. La Fiscalía les inventa cualquier delito (desórdenes públicos, corrupción, estafa, delitos de la guerra y hasta “actos de terrorismo”), pero todo apunta a que en estos casos el verdadero “crimen” siempre es defender derechos.

Entre los castigados por defender derechos están los abogados Ruth López, Enrique Anaya y Alejandro Henríquez, detenidos en mayo y junio de este año. López denunciaba corrupción y abusos contra inocentes detenidos por el régimen de excepción; Anaya señalaba violaciones a la Constitución y cierre del espacio cívico; y Henríquez defendía el ambiente y acompañaba a comunidades amenazadas de desalojo. Junto a Henríquez está detenido el cooperativista y líder avangélico Ángel Pérez.

El 23 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para Ruth López y Enrique Anaya: ordenó que les permitan ver a sus familiares y abogados y que les consideren medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, el Estado salvadoreño se niega a cumplir dichas medidas. López lleva cinco meses en el centro penal de Izalco, la cárcel donde sucede la mayoría de las muertes en los centros penales.

Alejandro Henríquez y Ángel Pérez han sido declarados “presos de conciencia”, por Amnistía Internacional. Aun así, por decisión de jueces y magistrados serviles a la dictadura, siguen en prisión, incomunicados con sus familias y abogados defensores, según denuncia REVERDES. Injustificadamente también la Fiscalía pidió prorrogar la fase de instrucción.

Por denunciar violaciones a derechos y protestar contra la reelección inconstitucional también están presos varios veteranos militares y de la ex guerrilla, dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz. Fueron detenidos en la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo del año pasado, previo a la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele. La Policía, no la Fiscalía, los acusó de preparar “actos terroristas” con el propósito de empañar la fiesta autoritaria.

Dieciséis meses después de las capturas, todos siguen encarcelados, excepto Atilio Montalvo, quien -debido a su grave situación de salud- tiene libertad condicional. Montalvo, José Santos (“Pepe”) Melara y los demás detenidos, organizaron varias manifestaciones contra el gobierno. Junto a los veteranos también está encarcelado Luis Alberto Menjívar, comunicador comunitario, responsable de las redes sociales de la Alianza.

El reportaje “Unos terroristas de cartón para Bukele”, publicado la semana pasada en varios medios digitales (FOCOS TV, Redacción Regional, Revista Factum, Voz Pública, Gato Encerrado y Revista Elementos), muestra que la acusación contra los veteranos es un montaje policial con un “testigo invisible” y pruebas falsas. Esta investigación confirma lo que el medio guatemalteco Prensa Comunitaria había revelado en julio de este año: el caso se basa en la declaración de un “testigo fantasma”.

Por denunciar violaciones de derechos humanos también está preso Fidel Zavala. Este joven fue encarcelado por un supuesto caso de estafa, pero al salir de prisión se hizo defensor de derechos humanos, se vinculó a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y denunció públicamente torturas y asesinatos que presenció en el centro penal de Mariona. Por esta última razón tuvo represalias, fue recapturado y llevado nuevamente a Mariona, el mismo centro penal donde presenció los abusos que denunció.

Los ejemplos de castigo por defender derechos humanos y denunciar injusticias sobran. Según el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) y el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) son más de 60 casos de persecución judicial contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y opositores políticos. Baste aquí recordar uno de los más emblemáticos: el proceso penal contra los ambientalistas antimineros de Cabañas.

Cinco líderes de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) llevan casi tres años procesados por un supuesto crimen de la guerra, acusación de la que han sido absueltos en dos ocasiones: la primera por prescripción de los delitos imputados y la segunda por falta de pruebas.

El tiempo y los hechos se encargaron de demostrar que la acusación falsa inventada por la Fiscalía tenía como objetivo criminalizar y perseguir al activismo ambiental de los líderes comunitarios, especialmente su oposición a la minería de metales. Sus capturas, el 11 de enero de 2023, fueron en represalia por advertir al país sobre las intenciones gubernamentales de revertir la prohibición de la exploración y explotación minera.

Su denuncia fue confirmada por el propio Bukele en noviembre de 2024, cuando anunció su decisión de reactivar la minería, y por los diputados oficialistas un mes después, cuando en vísperas de la navidad aprobaron la nueva ley que permite la minería metálica, sin ningún estudio técnico, sin debate, sin consultas y contra la voluntad de la mayoría de población.

Premiar y castigar, parece ser la consigna. Premiar al silencio cómplice de violaciones de derechos y castigar al activismo de los defensores. Por eso Raquel Caballero es reelecta como procuradora; y por eso Ruth López, Enrique Anaya, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, Fidel Zavala, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, Eugenio Chicas y otros sindicalistas, activistas y críticos del gobierno continúan presos, sufriendo enfermedades, hambre, sed, hacinamiento, insalubridad y otras condiciones crueles, inhumanas y degradantes.

Por Leonel Herrera*

*Periodista y activista social.