EL ASESINATO DE MONSEÑOR ROMERO CONTINÚA EN LA IMPUNIDAD
Este año se conmemoraron los 45 años de la ejecución de Monseñor Romero, quien fuera asesinado el 24 de marzo de 1980, por los escuadrones de la muerte en El Salvador durante una ceremonia eucarística que se celebraba en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador.
La muerte de Monseñor Romero, reconocido como la voz de los son voz y un destacado defensor de los derechos humanos, se dio por sus fuertes críticas a la violencia y a la injusticia del conflicto armado salvadoreño, que se caracterizó por graves violaciones como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas.
En 1993, ante la impunidad de la ejecución de Monseñor Romero, el caso fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de la víctima. En el 2000, la Comisión emitió una resolución en la que declaró al Estado de El Salvador responsable de la ejecución y de la falta de administración de justicia al no cumplirse con la obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas, así como por su omisión en procesar y sancionar a los responsables del asesinato.
Así mismo, la CIDH estableció que el Estado debía adecuar su legislación interna de acuerdo a la Convención Americana, a fin de aplicar la justicia a los asesinos de San Oscar Arnulfo Romero el Santo de los pobres de El Salvador.
En el marco de las celebraciones que varias organizaciones salvadoreñas realizaron para conmemorar los 45 años de la muerte de Monseñor Romero, organismos humanitarios y de justicia resaltan su labor en la protección de los menos favorecidos y en la búsqueda de soluciones para el pueblo salvadoreño sometido a una guerra, y se suman a las voces que instan al Estado Salvadoreño a que cumpla con las recomendaciones de la CIDH, realizando una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Arnulfo Romero; derogando la Ley de Amnistía y reparando integralmente las violaciones a sus derechos.
El asesinato de Monseñor Romero no debería quedar en la memoria del pueblo salvadoreño únicamente como la pérdida de uno de sus principales líderes. Debería ser tomado como ejemplo para acabar con el flagelo que sigue atacando al pueblo salvadoreño, después de concluido el conflicto armado.
El legado de Monseñor Romero, su lucha, su templanza y su fortaleza inspiran la defensa de los derechos humanos en el continente. Por eso, los salvadoreños siguen insistiendo en que la resolución de la CIDH se haga realidad y a través ella se abran las puertas para lograr la anhelada verdad, justicia y reparación integral, que han sido negadas por años al pueblo salvadoreño.



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