El rechazo a la reactivación de la minería metálica en el país no baja del 60% de la población en todas las encuestas. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele parece decidido a impulsar esta nociva industria extractiva, sin importar el costo político que esto le generaría (además de la irreversible catástrofe ambiental, económica y social).
Esto provoca preguntar ¿cuál es el gran interés gubernamental por la minería? ¿Acaso hay gente del oficialismo, empezando por la propia familia presidencial, que pretende involucrarse directamente en el mortífero negocio extractivo ó sólo sirven a propósitos lucrativos de empresas transnacionales a cambio de algún porcentaje de ganancias?
Pobladores de la zona norte del país han denunciado la presencia de miembros del clan gobernante en la supuesta compra de terrenos con potencial minero. Pero aún no hay evidencia de la participación directa de Bukele y sus hermanos en actividades mineras.
La información disponible en este momento indica que son empresas extranjeras las interesadas en operar directamente. En julio de 2023, la Revista Elementos reveló que detrás de la posible reactivación minera está la empresa estadounidense Titan Resources Limited, actual propietaria de los antiguos terrenos de Pacific Rim/Ocena Gold, en San Isidro y Guacotecti, Cabañas.
La investigación revela que las sociedades Tombstone Company (que luego se llamó Nueva Esperanza) y Agrícola San José están vinculadas a Titan, compañía asentada en Estado Unidos y con sucursales en Honduras y Perú, dedicada a la extracción de oro, plata y otros metales.
El representante de Titán en Centroamérica es el empresario estadounidense Blane William Wilson, quien -junto al hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa- es dueño de Nueva Esperanza (antes Tombstone Company). Blane William Wilson también preside la transnacional Fire River Gold Corp, registrada en Canadá y Estados Unidos y dedicada a la extracción de metales preciosos.
Revista Elementos encontró que Tombstone Company ha realizado préstamos a Agrícola San José y que ambas entidades comparten oficinas en San Salvador. Las dos instancias también son financiadas por Banco Atlántida, que prestó el dinero a Agrícola San José para comprar terrenos con potencial minero en Cabañas y tiene el poder sobre las hipotecas de dichas propiedades.
Vale decir que los principales accionistas de Banco Atlántida son empresarios hondureños con fuerte presencia en El Salvador y cercanos al actual gobierno. Uno de éstos es el empresario Lenir Pérez, dueño de Alutech y con presencia en el ámbito minero.
Según la organización Acción Ciudadana, Alutech financió a Nayib Bukele en su primera campaña presidencial cuando compitió con la bandera del partido GANA. No se sabe si este financiamiento continuó en campañas posteriores, ya que la información fue puesta bajo reserva por el actual gobierno y es imposible el acceso.
Hace un par de semanas el empresario Roberto Kriete, uno de los mayores oligarcas salvadoreños, habló de la “necesidad” de reactivar la minería. “El Salvador no se puede dar el lujo de no aprovechar recursos que pueden beneficiar al país a través de la minería”, declaró.
Kriete es dueño de Volaris, Aeroman y accionista de Avianca. ¿Acaso busca incursionar también en el sector minero? ¿Es Kriete uno de los grupos empresariales locales que, en asocio con empresas extranjeras como Titán, quieren lucrarse con la minería a costa del agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones del país?
Kriete es uno de los gandes empresarios que ha expresado públicamente su apoyo a la dictadura. De hecho, en el mismo evento donde habló de minería dijo cosas como que “Bukele nos salvó de ser como Haití” o que “en el país hay estado de derecho”. ¿Será que su relación de apoyo a la dictadura pasa por la reactivación de la minería metálica?
*Periodista y activista ambiental.
Por: Leonel Herrera
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