En pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medioambiente, se realizó la XXV Caminata Ecológica. Desde el 2000, esta actividad es organizada cada año por las iglesias católica y ecuménicas, comunidades organizadas y movimientos ambientalistas.
Durante estos 25 años, la Caminata Ecológica ha levantado con convicción y firmeza las banderas ambientales, desde la lógica cristiana de cuidar la Casa Común. Así ha logrado visibilizar problemáticas, generar conciencia social y llamar la atención de instituciones y funcionarios estatales, especialmente los directamente responsables de proteger los ecosistemas y asegurar la sustentabilidad ambiental para la continuidad de la vida.
Una de las demandas centrales ha sido el cumpliemiento del derecho humano al agua y a la alimentación. Esta lucha hizo que se lograra la Ley de Recursos Hídricos en julio de 2022, aun cuando el contenido de la normativa que finalmente se aprobó no fue exactamente el mismo de la propuesta de ley general de agua que promovieron las organizaciones. En el texto de la ley quedó plasmada la perspectiva de derecho humano y la responsabilidad estatal de proveer agua suficiente y de calidad para toda la población.
Un hito histórico de la Caminta Ecológica y de todo el movimiento ambiental fue, sin duda, la prohibición de la minería metálica. En marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó, por unanimidad, una ley que proscribió de manera definitiva las actividades de exploración y explotación de metales en el subsuelo nacional.
La normativa fue el resultado de casi 15 años de lucha social y de un amplio consenso nacional en el que los diferentes sectores sociales, políticos, gremiales y religiosos del país coincidieron en la inviabilidad de la minería de metales debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional, el grave deterioro ecológico y el creciente estrés hídrico. Esta ley también se escribió con la sangre de los mártires ambientalistas de Cabañas que fueron asesinados por defender su agua y sus tierras frente a las empresas mineras que invadieron sus territorios.
La ley prohibitiva de la minería metálica fue derogada en diciembre del año pasado de manera exprés, sin estudios técnicos y de espaldas a la gente. Sin embargo, debido al rechazo de la mayoría de la población, las principales universidades y las iglesias, el gobierno no ha procedido con la reactivación de proyectos mineros.
La derogación de la nueva Ley General de Minería Metálica es ahora una demanda central de la Caminta Ecológica, pues la implementación de esta industria extractiva sería el acabose para el agua y los ecosistemas, sobre todo por el uso intensivo de agua, la utilización de ciuanuro y porque estos proyectos se ubican sobre la cuenca del Río Lempa. La salud y la vida de las presentes y futuras generaciones estarían fuertemente amenazadas.
En todos estos años, la Caminata Ecológica también ha promovido la soberanía alimentaria, la prohibición de los agrotóxicos, el tratamiento adecuado de los desechos y la defensa del agua, flora y fauna amenazados por proyectos urbanísticos y turísticos depredadores del medioambiente (Finca El Espino, Cordillera El Bálsamo, Valle El Ángel, zona costera, etc.)
Veinticinco años después de la primera Caminata Ecológica, el país vive uno de los momentos más difíciles y peligrosos para la defensa del medioambiente, la lucha por los derechos humanos y el ejercicio del llamado espacio cívico.
Al clima de miedo propiciado por el régimen de excepción vigente desde hace más tres años, se suma una escalada de persecución judicial que ha llevado a la captura arbitraria de activistas ambientales como el cooperativista Ángel Pérez y los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya. A ellos se suman otros perseguidos políticos como Fidel Zavala, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz y los díderes comunitarios de Santa Marta.
Al mismo tiempo se aplica la Ley de Agentes Extranjeros contra las organizaciones cuya labor de defender derechos, denunciar injusticias, señalar corrupción y reivindicar la democracia incomoda al régimen. La ley establece un impuesto del 30% a la cooperación internacional y pone controles y sanciones para ONGs que incluyen multas de 100,000 a 250,000 dólares, penas de cárcel de 5 a 15 años y cancelación de la personería jurídica. Su aprobación se justificó con un relato criminalizador y de odio políticos hacia las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, la Caminata Ecológica seguirá. Seguirá defendiendo el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida. Ni estrategias de persecución política ni leyes mordaza podran detener la lucha por los bienes colectivos y la Casa Común. Porque defender el medioambiente, los derechos y la vida no es un crimen, sino una necesidad apremiante y un mandato divino.
*Periodista y activista ambiental.
Por Leonel Herrera
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