Nuestro santo patrono de los derechos humanos

El pasado jueves 16 de mayo del año en curso, se realizó una audiencia virtual en la cual se leyó el resumen de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte IDH) sobre el caso de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez. La primera, ciudadana estadounidense y salvadoreña, fue desaparecida de manera forzada por agentes estatales el 28 de julio de 1982; las capturas del segundo, su padre, y de la señora Pérez –quien tenía menos de dos meses de trabajar en la vivienda de este– ocurrieron durante las primeras horas del siguiente día. Además de la presidenta y el secretario del tribunal regional –Nancy Hernández López y Pablo Saavedra Alessandri, respectivamente– estuvimos presentes el padre del hijo y las hijas de Patricia Emilie, la menor de estas, más familiares de ella y de su padre, mi persona como representante de las víctimas y monseñor Romero.

¡Sí! Ahí estaba a mis espaldas una enorme foto de san Romero de América: el “pastor y mártir nuestro” –tal como lo nombró don Pedro Casaldáliga casi inmediatamente después de su magnicidio– y el santo patrono de los derechos humanos, como ha sido considerado ya por mucha gente después de su tardía canonización en el Vaticano.  Pero la santificación que a mí más me impactó, por su simbolismo profundo, es la que se produjo la noche del 24 de marzo de 1980. Mi hermano Roberto, quien siendo director del Socorro Jurídico Cristiano primero y luego del Socorro Jurídico del Arzobispado se convirtió en la mano derecha del cuarto jerarca de la arquidiócesis metropolitana defendiendo la dignidad de las víctimas, acompañó el cuerpo sin vida del inmolado a la entonces Policlínica Salvadoreña.

Cuenta él que en un momento de aquellas dolorosas y tensas horas transcurridas desde que llegaron a dicho hospital adonde le practicaron la autopsia, decidió salir a la calle a tomar un poco de aire fresco. Necesitaba un respiro y lo que encontró fue un grupo de “habitantes de la calle”, como eufemísticamente les llaman hoy, quienes al verlo salir lo abordaron para hacerle una petición: “Queremos ver al santo”, dijeron. Y lo vieron. Fue este su pueblo sufrido el que  primero, antes que nadie, lo elevó a los altares de una iglesia martirial como la salvadoreña. “Me he visto ya en cuatro ocasiones –expresó monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez en una entrevista brindada durante aquel mayo sangriento de 1979, al hablar de los sacerdotes asesinados hasta entonces– acudiendo a los caminos, a un suburbio, a un hospital, a recoger sus cadáveres para trasladarlos a su parroquia y velarlos durante unas horas con sus feligreses”.

Y como Paty Cuéllar trabajó en el Socorro Jurídico del Arzobispado con él al frente, tenía que estar presente en la mencionada audiencia efectuada hace unos días para notificarnos la condena del Estado salvadoreño por su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos en perjuicio de ella, su padre y Julia Orbelina. En el caso particular de la primera, destaca que la Corte Interamericana determinó la responsabilidad estatal por su desaparición forzada pero también “por la consecuente violación del derecho a defender los derechos humanos”. En esa época defender los derechos humanos era una vocación “castigada” con la ejecución arbitraria, la desaparición forzada, la prisión y la tortura de quienes la ejercían sabiendo el alto riesgo que corrían. Por eso, Romero fue sacrificado y por ello ‒después de él‒ cualquiera podría serlo también. 

Se habla mucho, erróneamente, de la “conversión” romeriana luego de que asesinaran al jesuita Rutilio Grande, su amigo y colega; no es poca la gente que considera ese hecho criminal como un antes y un después en la trayectoria de nuestro patriarca, a pocas semanas de haber llegado al arzobispado. Quienes de buena fe asumen eso como cierto, lamento decirles que cometen un error pues él siempre fue un hombre bueno; lo fue desde mucho antes de ser pastor arquidiocesano. Eso se lo aseguró nuestro padre a mi hermano Roberto cuando, molesto por el nombramiento de alguien etiquetado como “derechista”, se quejó en su presencia.

A su regreso de Roma en 1943 y desde que lo nombraron párroco de Anamorós, en el departamento de La Unión, para la gente era el “padre Romero”. Luego fue secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, secretario ejecutivo episcopal de Centroamérica, monseñor, obispo auxiliar de San Salvador, cabeza de la diócesis de Santiago de María y arzobispo metropolitano. Siendo sacerdote, tuvo desencuentros y encontronazos con los militares impuestos como presidentes de la república desde la gestión del teniente coronel Julio Adalberto Rivera, quien fue entonces candidato único. 

Faltaba poco más de un mes para que se realizaran las votaciones en tales condiciones y, por esa mamarrachada política, Romero publicó en el Semanario “Chaparrastique” el 24 de marzo de 1962 ‒casualmente dieciocho años antes de su martirio‒ una nota en la que formuló este cuestionamiento: “No se puede pensar que manden los menos y que impongan su voluntad con la anuencia omnímoda a la manada de ovejas. Entre los sagrados derechos está el del voto libre y consciente; pero el salvadoreño jamás ejerce este derecho sagrado”.

Luego, su postura frente a los comicios legislativos y municipales del 8 de marzo de 1964 no fue menor; resultó ser otra evidencia más de su actitud crítica ante las arbitrariedades de los poderosos. Días antes de esos eventos se pronunció contra la difamación desmedida, los cambios de partido y otras traiciones, la manipulación de la opinión pública a través de “la radio” y los locutores interesados únicamente en “el dinero”. “La política es una pasión creada por Dios –aseguró– para facilitar y enardecer a los hombres en el servicio de la Patria. Pero como todas las pasiones es una espada de doble filo; si no se esgrime en servicio del pueblo, destroza honores comenzando por el propio del que la maneja”. En la actualidad, bien podría servir de mucho este señalamiento que en aquella época generó molestias oficiales.

El entonces ministro del Interior ‒coronel Fidel Sánchez Hernández, después general y presidente de la república‒ le reclamó al jefe del “padre Romero”. La respuesta de monseñor Miguel Ángel Machado y Escobar apareció publicada en el mismo semanario diocesano, aceptando que si había “hablado de política” era “en cumplimiento del deber de la Iglesia de orientar la conciencia del pueblo acerca de sus deberes de ejercer su acción política, conforme a su conciencia y no por momentáneas conveniencias demagógicas”.

El 20 de diciembre de 1976 fue perpetrada una masacre en el cantón Tres Calles, departamento de Usulután. Por ello, le envió al coronel Molina  su “respetuosa pero firme protesta de Obispo de la Diócesis, por la forma en que un ‘cuerpo de seguridad’ se atribuye indebidamente el derecho de matar y maltratar”. Y agregó: “No hubiera querido, señor presidente, usar en mi correspondencia con usted el lenguaje de la protesta y del reclamo. Pero creo que no sería franca ni sincera mi amistad con usted sí, por conservarla, dejara de obedecer a la voz de mi conciencia que reclama este deber pastoral”. 

Exactamente a dos meses de ocurrida la citada carnicería, el 20 de febrero de 1977 se celebraron las elecciones presidenciales fraudulentas para imponer al general Carlos Humberto Romero; dos días después, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez asumió su cargo como arzobispo metropolitano; el 26 se oficializó el nombramiento ilegal del militar como primer mandatario y el 28 atacaron sin piedad a la multitud que protestaba contra ese atropello de la voluntad popular; finalmente, el 12 de marzo asesinaron al padre Grande y a dos campesinos que se conducían con él.

Ese era el ambiente terrífico que primaba en el país y ante semejante escenario la respuesta de Romero –el buen pastor, no el cruel asesino– estuvo a la altura de tan terribles circunstancias: decidió que el domingo 20 de marzo solo se celebrara una misa en la arquidiócesis y, además, se negó a asistir a los actos oficiales gubernamentales hasta que no se investigaran los hechos criminales que cegaron la vida de su hermano en Cristo y de sus acompañantes.  

De ahí en adelante nadie ni nada lo detuvo, ni siquiera la bala asesina disparada el 24 de marzo de 1980. El compromiso de monseñor Romero siendo la voz de los sin voz y el mejor defensor de sus derechos humanos en el país siguió creciendo hasta ese día, tras ordenarle a las fuerzas represivas del régimen que cesaran la represión. Esa vocación no fue producto de una sorpresiva conversión sino de una progresiva evolución que lo elevó hasta los altares católicos; pero también se encuentra –como figura ecuménica inspirando a la humanidad– al frente de la abadía de Westminster. Además, rindiéndole homenaje, en la fecha de su martirio la Organización de las Naciones Unidas conmemora oficialmente el Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.

Finalmente, para confirmar la caracterización hecha por mi padre hace casi medio siglo está lo dicho por la mexicana Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Era un hombre bueno, cristiano en lo más profundo del término”. Esa bondad se extraña en las alturas gubernamentales y católicas de El Salvador de hoy. El título de la citada nota que publicó el 24 de marzo de 1962 en el Semanario “Chaparrastique”, recobra vigencia: “La dejadez cívica salvadoreña”. Su final es el siguiente: “El salvadoreño se libertó del yugo de España hace más de un siglo, pero sigue siendo esclavo de otros mandamás. Las leyes que favorecen estos sagrados derechos sólo son papel mojado. Es necesario que sacuda su marasmo y su apatía, el miedo lo apabulla pues teme las represalias de los pocos que manejan a los dos millones”. ¿Esperaremos a que nos haga el milagro o nos sacudiremos esos lastres?