16 de enero ¿Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado?

Por decisión de la Asamblea Legislativa, cada 16 de enero se debe –o debería– rendir tributo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Al menos, eso es lo que se argumentó en la sesión plenaria del 12 de enero de 2022 cuando el Congreso salvadoreño aprobó el Decreto Legislativo 267 que, además, derogó tres decisiones legislativas anteriores (de 1993 y 2006) que designaban al 16 de enero como Día Nacional de la Paz, en virtud de los acuerdos políticos que pusieron fin a la guerra civil, en enero 1992.

Así, la arrolladora mayoría oficialista en el Congreso aprobó un escueto decreto que reproduce íntegramente la postura presidencial en contra del significado histórico y político de los Acuerdos de Paz: “La guerra fue una farsa como los Acuerdos de Paz (…) sí, los mancillo porque fueron una farsa (…)”[1], sostuvo el mandatario en diciembre de 2020. En esa plenaria de enero de 2022, el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas usando otras palabras, pero con el mismo sentido, expuso: “La fecha está ahí, es un hecho histórico y eso no se va a cambiar. Lo que sí derogamos es cómo se ha usado esa fecha, porque hoy será para honrar a la memoria de todas las víctimas y no a los dirigentes decrépitos ni a dos partidos moribundos, quienes firmaron un pacto en donde solo ellos salieron beneficiados” [2] (Subrayados del autor).

En consecuencia, el considerando VII del Decreto Legislativo 267, retoma esta misma retórica al plantear “Que los acuerdos de paz firmados por ARENA y el FMLN, fueron institucionalizados por estos grupos, con el objeto de saquear las arcas del Estado en todas sus dimensiones, disfrazando en el objetivo de la lucha por la paz, la verdadera finalidad de oscuro pacto que había detrás de los mismos. Como ejemplo de lo anterior, estos partidos políticos plasmaron en una ley, la obligación del Estado de reconocer la responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y comunidades que se vieron afectadas por tales hechos, generando así un ´desagravio´ estatal ante las mismas, pero dejando en la impunidad el esclarecimiento real de lo sucedido”[3].

Pero, más allá de estas frases escritas o pronuncias que podrán gustar o no, está el contenido del Decreto. O quizás debiera decirse, está la ausencia de contenido sustantivo que anula el propósito que se discursa. Veamos: el Artículo 1 es el único –de los tres que tiene el decreto– que desarrolla de forma ambigua la intención estatal de rendir homenaje a las víctimas: “Declárase el 16 de enero de cada año como el ´Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado´, como justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el mismo, así como a todas las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares, con la falsa idea de una sociedad más justa e incluyente que nunca llegó y que por el contrario burló las aspiraciones de nuestro pueblo de alcanzar una verdadera paz y justicia social”.[4]

Una perspectiva diferente: la de las víctimas y de las organizaciones de derechos humano.

Como puede apreciarse, esta imprecisa declaratoria legislativa no establece ninguna orientación clara sobre cómo se va a rendir homenaje a las víctimas, ni determina qué instancias estatales serán responsables o con qué recursos se llevará a cabo este tributo o reconocimiento. Mucho menos destaca el papel de las víctimas o el tipo de reconocimiento que recibirán por su sacrificio durante todos estos años que han vivido bajo un clima de impunidad estructural que ha impedido que sus demandas por conocer la verdad y, eventualmente castigar a quienes cometieron crímenes, avancen en las instancias judiciales o administrativas.

A todas luces, esta declaratoria legislativa más que un sincero acto de desagravio del Estado hacia las personas que sufrieron los horrores de la guerra fue una nueva puesta en escena del partido oficial que aprovechó la ocasión para atacar a sus adversarios políticos. Tal es así, que desde hace dos años no existe un pronunciamiento o declaración pública de la Asamblea Legislativa o de otra institución estatal que rinda homenaje “… a los padres, madres e hijos que no han encontrado ni la verdad ni la justicia”, tal como lo expuso el presidente de la Asamblea Legislativa cuando se aprobó el decreto.

Si en realidad existiera voluntad política del Estado para honrar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, una declaratoria de esta naturaleza debe ir acompañada de otras acciones legislativas relevantes como la aprobación de la ley de justicia transicional en los términos que fue ordenada por la sentencia de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013 de julio de 2016; es decir, dando pleno protagonismo a quienes sufrieron estas atrocidades, tal como se desprende del principio de centralidad de las víctimas establecido en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.

En este punto, es importante decir que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han presentado ante la Asamblea Legislativa tres anteproyectos de ley (en 2019, 2021 y 2024) como insumos para que ese Órgano de Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales, sin que ninguna legislatura, incluyendo la actual, haya tenido la voluntad política de legislar en favor de las víctimas y saldar esas deudas históricas.

Además, en la búsqueda de la verdad y de la justicia, las víctimas han demandado acceso a la información histórica en poder de las instituciones públicas, en particular, la información que posee la Fuerza Armada sobre los operativos militares que posibilitaron la violencia estatal en contra de comunidades enteras y de miles de ciudadanos y ciudadanas; vale decir que, por el contrario, esta administración se ha negado a entregar esta información, pese a que se le ha requerido inclusive por una instancia judicial.

Finalmente, el verdadero significado de honrar a las víctimas requiere atender sus necesidades físicas y emocionales a través de programas de reparación integral. Sin embargo, en esta gestión gubernamental los incipientes programas que se impulsaron en el pasado o han desaparecido o funcionan con recursos limitadísimos, que impiden compensar dignamente a las víctimas.

Por ello, las víctimas no se conforman con palabras vacías: exigen y seguirán exigiendo memoria, verdad, justicia y reparación. Cumplir estas demandas no es opcional, es un imperativo jurídico, político y ético que pesa más que cualquier declaratoria sin contenido. Solo así podremos honrar su dignidad y construir un futuro donde la verdad prevalezca sobre el olvido.

[1] Nayib Bukele: Los Acuerdos de Paz fueron una farsa. ITV, diciembre de 2020. Consultar: https://www.youtube.com/watch?v=FAWViKbtn-A

[2] Diputados honran a afectados por guerra civil al decretar el 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Asamblea Legislativa, 12 de enero de 2022. Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/node/11871

[3] Decreto Legislativo 267, Asamblea Legislativa, 12 de enero de 2022. Disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/A5715AC9-03DA-4216-BFF2-04A4054C7A4B.pdf

Jacinto Sanmiguel

Defensor salvadoreño de derechos humanos. San Salvador, enero de 2026