¿Es posible evitar el desastre ambiental en El Salvador?

En nuestro país se configura un desastre ambiental de graves proporciones, debido -principalmente- al deterioro de los ecosistemas, la contaminación y la pérdida de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, por contaminación o por agotamiento. El escenario podría ser aún más catastrófico si finalmente se realizan los tenebrosos proyectos de explotación minera.

La destrucción o alteración de los ecosistemas se debe a la implementación de proyectos depredadores, sobre todo los que se desarrollan en lugares donde viven especies animales y vegetales, hay fuentes de agua y existe mucha diversidad biológica: Finca El Espino, Volcán de San Salvador, Cordillera El Bálsamo, lagos de Ilopango y Coatepeque, manglares y otros sitios de las zonas costeras y montañosas del país.

Muchos proyectos depredadores, además, desplazan a familias pobres o comunidades enteras y generan nuevas vulnerabilidades socioambientales. La construcción del Aeropuerto del Pacífico y de residenciales privadas para clase media en Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza y otros municipios de La Libertad, son algunos. A estos se suma la construcción de mansiones y proyectos turísticos en los lagos de Coatepeque e Ilopango.

Entre los proyectos de riesgo para sus habitantes están algunas construcciones al pie de la Cordillera El Bálsamo, Volcán de San Salvador, Cerro El Picacho y otros sitios que son proclives a derrumbes o deslaves. A éstos se agregan las colonias en la zona de El Playón, que se construyen a pesar de estar prohibido debido a que una eventual erupción del Volcán de San Salvador podría lanzar la lava hacia esa dirección.

A la lista de proyectos depredadores se sumaría la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, conocida como “último pulmón de San Salvador”. Esto destruiría el hábitat de centenares de especies animales y vegetales, afectaría el manto acuífero subterráneo y aumentaría las inundaciones en el sur de San Salvador.

Y en relación a la contaminación y la pérdida de fuentes de agua, el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) alertó en el año 2015 que más del 90% de los ríos del país están contaminados, ya que funcionan como cloacas y conductores de aguas residuales provenientes de centros urbanos y zonas industriales.

Tal situación no ha cambiado, sino que se ha agravado. De hecho, durante su espectacular anuncio de reactivación de la minería metálica, Nayib Bukele reconoció en noviembre del año pasado que el 95% de los ríos están contaminados. Los expertos dicen que es prácticamente imposible potabilizar el agua de la mayoría de estos ríos.

El bello Lago de Coatepeque también es víctima del vertido de aguas sucias lanzadas por restaurantes y casas de lujo construidas en su ribera. El lago de Ilopango también enfrenta esta misma amenaza de contaminación, que se suma a la causada por los altos niveles de arsénico, plomo y otros metales pesados de origen volcánico.

Ríos como Sensunapán, Jiboa, Grande San Miguel y otros que atraviesan ciudades (además del Acelhuate y otros que pasan por San Salvador), tienen altísimos niveles de contaminación por desechos sólidos, orgánicos e industriales, dada la falta de tratamiento de las aguas residuales. La deficiente recolección de la basura debido a la retirada de fondos a las alcaldías también provoca que plásticos, latas y otros desperdicios terminen en ríos y quebradas.

El caso más preocupante es el Río Lempa, por su importancia para la vida del país: provee más de la mitad del agua potable a la población del “Gran San Salvador”, a través de la Planta Potabilizadora “El Torogoz”. Además, cubre el 33% de la demanda energética nacional con sus cuatro centrales hidroeléctricas, alberga diversos ecosistemas y facilita la agricultura, la pesca, el turismo y otras actividades económicas en 162 distritos en sus riberas.

A pesar de esta enorme importancia, el Lempa está muriendo debido a la sobreexplotación de sus recursos, al deterioro de sus ríos tributarios, la degradación de los bosques y humedales, al lanzamiento de desechos sólidos en toda su cuenca, la descarga de aguas negras de centros urbanos, la contaminación con agroquímicos, el lanzamiento de resíduos industriales, la explotación minera en países vecinos y los efectos del cambio climático.

Actualmente, una “alga tóxica” cubre gran parte de la superficie del Río Lempa que baña a los departamentos de Chalatenango, Cuzcatlán y Cabañas. La mancha verde formada por esa planta invasora que se reproduce a una velocidad impresionante absorbe el oxígeno del agua y mata de asfixia a miles de peces y otras especies.

A la pérdida de los ríos y otras fuentes de agua superficiales, se suma el agotamiento de los acuíferos subterráneos, debido a la sobreexplotación y a la deforestación que impide la filtración de aguas lluvias. Uno de los casos más dramáticos es el “Acuífero de Nejapa”, que también abastece al Área Metropolitana de San Salvador.

El “Acuífero de Nejapa” muere por la explotación desmedida realizada por Coca Cola, La Constancia y otras industrias de bebidas que la están agotando. Según expertos, el agua extraída es cada vez más profunda, porque es la que se filtró hace cientos o miles de años. A este acuífero también lo mata la deforestación y la construcción de residenciales, centros comerciales, bodegas y otras edificaciones en Valle El Ángel, Valle Dulce y toda su zona de recarga.

La destrucción de la Finca El Espino también contribuiría al agotamiento de mantos subterráneos en San Salvador. Más allá de la capital, en Cabañas y otros lugares donde hubo exploración y explotación minera los acuíferos contienen niveles de arsénico y otros metales que causan enfermedades mortíferas como insuficiencia renal y diversos tipos de cáncer.

El desastre ambiental del país sería peor con la minería metálica. Esta actividad extractiva elevaría la gravedad del problema al grado de poner en riesgo la continuidad de la vida y la existencia misma del país, sobre todo porque la mayoría de proyectos mineros se ubican precisamente sobre las cuencas del Río Lempa.

La explotación minera sería el “tiro de gracia” para el Río Lempa: sus cuencas serían destruidas por la tala de bosques y la remoción de millones de toneladas de roca en las montañas, sus zonas de recarga hídrica serían extinguidas por el uso intensivo de agua para la separación de los metales y su caudal se convertiría en un charco de desechos con cianuro y drenaje ácido de metales pesados.

Dada la estrechez territorial y la alta densidad poblacional, los impactos de la minería serían en casi todo el territorio nacional y afectarían a la mayoría de la población, no sólo a las comunidades ubicadas directamente en las zonas de explotación.

Pero todo este desastre, ¿aún puede evitarse? La respuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa: sí, todavía podemos revertir esta barbarie y detener la masacre. Si tomamos conciencia de la gravedad del problema y asumimos que está en juego el agua, la salud y la vida misma.

 En primer lugar, es necesario reducir las fuentes de contaminación mediante el tratamiento adecuado de los desechos sólidos, orgánicos e industriales; la reducción del uso de plásticos y la eliminación de materiales desechables o de un solo uso. Esto se lograría con políticas, leyes y procesos de educación y sensibilización social.

En segundo lugar, es urgente implementar políticas, planes y programas de recuperación de ríos, quebradas, lagos y otras fuentes superficiales: descontaminando sus aguas y protegiendo sus cuencas mediante la reforestación y la prohibición de actividades contaminantes o depredadoras de los ecosistemas. Asimismo urge recuperar y proteger los mantos acuíferos subterráneos: evitando la sobreexplotación, reforestando y revirtiendo proyectos destructores del ambiente.

Y, en tercer lugar, hay que revertir la ominosa Ley General de Minería Metálica y restablecer la prohibición definitiva que fue resultado de un amplio consenso nacional, cuando los diversos sectores coincidieron en que la minería metálica es inviable en El Salvador. La explotación minera, además, es incompatible con el proyecto de protección del Río Lempa financiado por “un canje de deuda por naturaleza” impulsado por el gobierno y organismos financieros internacionales.

Hay otras acciones, desde luego, como la prohibición de algunos agroquímicos y prácticas agrícolas nocivas. Esta propuesta no es completa, sólo plantea algunas medidas urgentes y busca contribuir al necesario debate, concientización, movilización y demanda ciudadana.

La actual crisis del suministro de agua potable en San Salvador no sólo expresa la inoperancia de ANDA para reparar una tubería y la falta de previsión gubernamental, sino que tiene detrás una problemática mucho más grave.

Por Leonel Herrera

*Periodista y activista ambiental.