La Federación Internacional de Periodistas (FIP) denunció este jueves que la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, impulsada por el presidente Nayib Bukele, «ataca la libertad de expresión y la organización sindical del periodismo en el país”
«La Ley de Agentes Extranjeros aprobada en mayo de 2025 e implementada por el Gobierno de Nayib Bukele le da discrecionalidad al Estado para restringir operativa y financieramente diferentes organizaciones sociales y sindicales que trabajan con proyectos de cooperación internacional, entre ellas la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que se ha visto gravemente afectada», indicó la FIP en un comunicado.
La nota agrega que la FIP «se solidariza con el gremio de prensa salvadoreño y rechaza categóricamente el uso de mecanismos legales para socavar la independencia y la sostenibilidad de los medios de comunicación independientes así como a las organizaciones sindicales».
La FIP hizo eco de un comunicado de la APES en el que anunció el cierre de sus oficinas y la suspensión de proyectos con cooperación internacional «debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones» que impone la Ley de Agentes Extranjeros.
«Al reducir drásticamente la capacidad operativa de la APES, el Estado debilita el principal sistema de apoyo para el registro de agresiones, el acompañamiento legal y la defensa de los derechos laborales en el gremio de prensa, en un contexto ya de por sí adverso», subrayó la FIP.
El organismo instó a las autoridades «a cesar de inmediato todo acoso y obstáculo administrativo contra las organizaciones de los trabajadores de prensa y sus fuentes de empleo y a garantizar el derecho a desempeñar el trabajo periodístico y al acceso a la información».
«La persecución por la vía legislativa es tan peligrosa para la democracia como la censura directa», advirtió la FIP.
El jueves, la Relatoría Especial para a Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) expresó su preocupación por el anuncio de la APES.
Públicamente, al menos otras tres organizaciones han anunciado el cierre de sus operaciones en El Salvador o su disolución a raíz de los efectos de la Ley de Agentes y han denunciado que posee sanciones «confiscatorias», además de abrir la posibilidad de procesos penales, anular la personería jurídica y de un impuesto del 30 % sobre las donaciones internacionales.
Escrito por: Agencia EFE
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