Representantes de organizaciones sociales en El Salvador rechazaron la gestión gubernamental del presidente Nayib Bukele y denunciaron graves retrocesos democráticos, económicos y sociales, incluyendo despidos masivos en el sector salud y el rebrote de epidemias bajo un régimen autoritario que, señalaron, ha vulnerado la Constitución durante siete años.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) denunciaron el desmantelamiento del Estado de derecho y la cooptación de la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional para avalar la reelección presidencial.
Los portavoces de esas organizaciones advirtieron que la población vive bajo un clima de persecución sistemática bajo el régimen de excepción, vigente hace cuatro años, que promueve el encarcelamiento arbitrario de miles de ciudadanos que afrontan juicios colectivos sin el debido proceso legal.
La situación económica de las familias salvadoreñas empeoró drásticamente, pues entre 2019 y 2026 el costo de la vida aumentó un 30%, empujando a 138.000 personas a la pobreza extrema, en medio del desempleo y la precariedad de los servicios básicos
El sistema de salud pública registra un grave colapso por el despido masivo de personal especializado y la clausura de centros de atención primaria. En diciembre pasado, el Gobierno despidió a más de 2.000 trabajadores del Hospital Rosales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, una ola de despidos que se suma a la precarización laboral y denuncias sobre carencia de insumos básicos.
La falta de vigilancia epidemiológica provocó el rebrote de enfermedades controladas como el sarampión, la malaria y el gusano barrenador, junto al incremento de casos de rubeola y paperas, según reportó la representación médica de Conadesa.
Denuncian que deuda pública para salud en El Salvador no beneficia a población
Por último, el sector agrícola reporta las cosechas de maíz y frijol más bajas de las últimas décadas tras la eliminación de los programas de apoyo técnico, comprometiendo la seguridad alimentaria nacional, mientras la educación pública sufre el despido de docentes y la suspensión del plan de alfabetización.
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