Un grupo de organizaciones sociales pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior.
Las organizaciones piden a los magistrados emitir una medida cautelar que suspenda la entrada en vigor de la normativa hasta que “emitan una resolución definitiva”. La Sala de lo Constitucional no tiene un plazo para determinar si admitirá para estudio esta demanda.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que integra a los solicitantes, dice en un comunicado que la ley, que ya está vigente, “busca criminalizar a las personas y organizaciones de derechos humanos”.
Los dirigentes exponen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que la Ley presenta “múltiples vicios de forma” y que les preocupa que con la nueva normativa el Gobierno tendrá “discrecionalidad” para su aplicación.
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