CIRCO SIN PAN …ASÍ DE GRAVE

Luego de esfuerzos ingentes por la construcción de democracia en El Salvador, luego de denodados esfuerzos por el respeto a los derechos humanos de la población, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República ha significado un retroceso autoritario en todos los ámbitos de la vida nacional. Nadie imaginó que la asunción en la primera magistratura de un personaje resultante del partido de izquierda iba traer tantas desgracias al país; el anuncio de la medicina amarga en la toma de posesión no permitió dimensionar la tragedia que se cernía sobre un pueblo históricamente sufrido, marginado y excluido de justicia y de justicia social.

Estamos en un momento en El Salvador, en el que parecería que los funcionarios públicos, que viven en una burbuja de bienestar y créditos bancarios, desprecian a los pobres, han hecho de algunas zonas del país, como el centro histórico de San Salvador, zonas exclusivas para quienes puedan pagar altos precios por estar y consumir ahí, lugar que se vende como un atractivo para los turistas, razón por la cual no se permiten ventas ambulantes pues “le afean el panorama y el paisaje al alcalde y al presidente de la Republica” cuya gestión está basada en circo sin pan, porque la pobreza, ahora más alta y más profunda, campea en todo el territorio nacional; ese vandalismo realizado por los agentes del  cuerpo de agentes metropolitanos, arrebatando a la pobrería la fuente de sus ingresos diarios, es muy cruel es inhumana, son pobres persiguiendo a pobres por la necesidad de un salario.

Haciendo un pequeño recuento de lo que ha vivido la población durante la gestión Bukele,  el resultado es de incompetencia, de violación de derechos humanos, de muestras evidentes de que el gobierno de Nayib Bukele se ejerce de espaldas y en contra de la mayoría de la población, la que a fuerza de propaganda, de luces Leds, circo y promesas vanas, lo aplaude y lo idolatra; no obstante, ya hay evidencias claras de que la población, de a poquito está reaccionado y tomando conciencia de que ese gobierno, no gobierna para las mayorías. El balance de la gestión es negativo a los intereses de la población históricamente pobres, de las y los nuevos pobres, que han aumentado y profundizado significativamente.

Una de las realidades más deleznable, por injusta y oprobiosa,  es nada más y nada menos  la vuelta al terrorismo de Estado de los años 70-80, es la persecución política a los opositores del régimen, cuya consecuencia por ahora es de personas detenidas, sin delito cometido, sin garantías de debido proceso judicial, sin jueces independientes; por mencionar algunas: Fidel Zavala, Ruth Eleonora López, Salvador Enrique Anaya, Eugenio Chicas, Pepe Santos Melara, Eliseo Segura, Benito Lara, Luis Menjívar, Ernesto Muyshondt, y recientemente Norman Quijano, y muchos, muchos más; hasta hace muy poco, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, quienes después de una injusta detención fueron puestos en libertad, tras un juicio abreviado en el que debieron  declarase culpables; aunque la verdad de los hechos, a los ojos de todos, es que no habían cometido delito alguno.

El gobierno niega la existencia de presos políticos, pero lo cierto es que las causas por las que han sido detenidas muchas personas han sido: Por participar en protestas pacíficas, por defender DDHH, ambientales o comunitarios, por denunciar y comprobar la corrupción en el gobierno, o simplemente por ser históricos luchadores contra la injusticia social; son personas detenidas tras procedimientos policiales y fiscales plagados de irregularidades o sin evidencias claras de haber cometido un delito, todo en un contexto que señala un aumento de la criminalización de la disidencia y de voces críticas al gobierno.

Durante 2025 tuvieron que salir del país cerca de 52 periodistas, amenazados en su libertad e integridad física por decir la verdad de lo que está ocurriendo en El Salvador; las salidas se han debido a persecución judicial, amenazas, vigilancia y asfixia financiera de medios independientes, lo que ha hecho imposible su trabajo dentro del país. La misma suerte han corrido miembros de organizaciones no gubernamentales, que se han visto obligados al exilio, por ser voces críticas al gobierno.

Otro duro golpe al proceso de democratización, a la fecha ya abortado, ha sido la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, LAE, la que busca un abusivo control sobre organizaciones sociales y medios de comunicación independientes, además de un impuesto del 30% a los fondos que reciban de financiamiento extranjero.

Lo anterior ha traído un impacto en la sociedad civil y los servicios comunitarios que prestan las organizaciones, así como en sus acciones de incidencia y concientización, algunas de las cuales han trasladado sus esfuerzos a otros países, o han cerrado sus operaciones ante la amenaza de multas de hasta 150,000 dólares o de criminalizar a los operadores por “la realización de actividades políticas que alteren el orden público”, términos ambiguos que quedan a la total discrecionalidad de funcionario sin criterio, sometidos a los designios del mandatario.

El gobierno y sus diputados incondicionales justificaron la aprobación de la ley argumentando que busca transparentar el uso de los fondos extranjeros y proteger la soberanía nacional; cuando en la realidad lo que pretenden es contar con una herramienta que amenaza las libertades fundamentales y profundiza la reducción del espacio cívico. Es la evidencia más clara de que el gobierno no tolera la disidencia, no quiere opositores críticos, se niega a aceptar que se piense, que se analice, que se exija vigencia de DDHH.

Entre las organizaciones afectadas drásticamente por la vigencia de la LAE están: CRISTOSAL, Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Fundación para el desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDECSO, ECOS El Salvador.

Es indiscutible que la legislación está vinculada a un clima de persecución política y restricciones del espacio cívico, que va más allá de lo meramente financiero tributario.

Es de reconocerle al presidente de la República el combate efectivo de la criminalidad, la erradicación de la presencia de pandillas y maras en los territorios, un logro obtenido con leyes represivas y procedimientos abusivos, amparados en la vigencia del régimen de excepción, lo que le ha devuelto cierta tranquilidad a la población, especialmente a aquella viviendo en zonas populares. Sin duda que hay una percepción de mayor seguridad y una clara reducción de los homicidios.

No obstante, ese régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y extendido por más de 40 veces mediante prórrogas legislativas hasta el principio de 2026, ha tenido consecuencias negativas que han afectado a muchas personas inocentes, pues ya tan largamente prorrogado se ha convertido en una herramienta de persecución política, de detenciones arbitrarias y de inoperancia del sistema judicial. Es un instrumento represivo que ha facilitado que para algunos casos se decida en casa presidencial la inocencia o culpabilidad de un imputado.

En uso abusivo de la prórroga indefinida del régimen de excepción el gobierno ha podido suspender garantías constitucionales, ha permitido detenciones masivas sin más que una denuncia ciudadana, lo que ha traído consigo una sobrepoblación penitenciaria, ya que el año anterior se cerró con 90,600 detenidos según datos oficiales, con arrestos sin evidencias claras de vínculos con pandillas, lo que ejerce una enorme presión sobre el sistema judicial y el penitenciario.

Con la agravante, de que se niega a los abogados defensores la mínima comunicación con sus defendidos; hay miles de personas encarceladas sin tener derecho a enfrentar un proceso judicial con garantías mínimas. Hay un claro boicot a la labor de los defensores públicos y privados, llegando al extremo de acusar de ser miembros de pandillas a quienes manifiestan mucho interés en la defensa de los detenidos. La limitación a los defensores públicos es tal, que en febrero de 2025 entró en vigencia el delito de Dilaciones Procesales (D.L. 210, D.O. 14-02-2025); se incluyen expresamente a quienes, en cualquier calidad dentro del proceso con ánimo de generar dilaciones infundadas, paralicen el curso ordinario del proceso por actuaciones de mala fe: litigación temeraria, interposición de recursos reiterativos, recusaciones infundadas, obstrucción de actos procesales. Una retranca clara a la defensa técnica, la cual es universalmente obligatoria en el proceso penal pues garantiza el debido proceso.

Las consecuencias directas de esta realidad: Detenciones sin pruebas, detenidos con meses o años sin juicio, restricciones a la revisión judicial efectiva, impera la presunción de culpabilidad y se ignora la constitucional presunción de inocencia; también ha quedado en el limbo la individualización de la acusación a un detenido, ya que las audiencias son masivas, los jueces conocen casos atribuidos a grupos sin individualizar participación delictiva y así les condenan, en grupos amorfos.

Para el Estado de Derecho, esta prórroga indefinida del régimen de excepción tiene efectos negativos, tales como: Se ha cercenado y casi anulado la independencia judicial, se ha perdido la confianza pública en el sistema judicial, así como en el sistema de justicia, se ha erosionado el espacio democrático y el pluralismo político, pues el suspender repetidamente las garantías constitucionales y otorgar poderes excepcionales al órgano Ejecutivo dificulta la normalización de procesos judiciales y políticos en tiempos ordinarios.

Se conoce de personas que analizan la vida nacional, que por lo menos el 60% de la población detenida por el régimen de excepción es inocente. El pueblo salvadoreño no merece vivir esta realidad.

Por Cordelia Cardona