El dinamismo de la Doctrina Social de la Iglesia se entiende, fundamentalmente, como una respuesta viva y encarnada ante los dolores de la historia. Desde que el Papa León XIII publicara la encíclica Rerum Novarum en 1891 para denunciar la deshumanización de la clase obrera, el magisterio eclesial ha mantenido un hilo conductor en “defensa de la dignidad humana”. En la actualidad, este largo camino de discernimiento vuelve a cobrar una fuerza profética decisiva a la luz de los numerales 28 al 32 de la reciente encíclica del Papa León XIV. En este apartado crucial, el Sumo Pontífice no solo ratifica la vigencia absoluta del compromiso social de la Iglesia junto a los movimientos populares, sino que lanza una severa advertencia global contra los autoritarismos gubernamentales que asfixian los espacios democráticos y anulan la participación de la sociedad civil organizada.
Este llamado del Magisterio adquiere un dramatismo especial en el contexto de América Latina, una región históricamente fragmentada por un péndulo ideológico que suele instrumentalizar las necesidades del pueblo. La encíclica de León XIV evita con lucidez las trampas de los reduccionismos políticos, lanzando una crítica transversal tanto a las izquierdas como a las derechas del continente. Por un lado, señala a aquellas corrientes de izquierda que, escudadas en las banderas de la justicia social, derivan en regímenes hiperpresidencialistas y autocráticos que persiguen la disidencia y coartan las libertades fundamentales. Por otro lado, fustiga a las derechas populistas y tecnocráticas que sacrifican los derechos laborales y las garantías individuales en el altar del libre mercado o de un orden público punitivo. Para la Iglesia, ningún extremo ideológico justifica la anulación del ser humano; ni el estatismo asfixiante ni el individualismo desalmado responden al diseño divino de la justicia.
Al aterrizar estas consideraciones en la realidad concreta de El Salvador, las advertencias del Santo Padre adquieren una vigencia escalofriante. El país centroamericano experimenta un acelerado proceso de concentración de poder que choca directamente con la doctrina eclesial sobre los contrapesos democráticos. El eje central de esta dinámica ha sido la implementación prolongada del Régimen de Excepción. Si bien amplios sectores de la población respaldaron inicialmente la reducción de la criminalidad, el costo institucional y humano ha terminado por erosionar el tejido social. La Iglesia salvadoreña, fiel al legado martirial de San Óscar Arnulfo Romero, contempla con profunda preocupación cómo la excepcionalidad jurídica se ha transformado en la norma permanente de gobierno, suprimiendo garantías constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal configuran un escenario donde el Estado violenta los mismos derechos que está obligado a proteger. El fin, recuerda el Magisterio, jamás puede justificar medios que pisoteen la dignidad humana.
Esta deriva autoritaria se manifiesta con especial crudeza en el desmantelamiento y la asfixia de la libertad sindical y social en el país. Los movimientos sociales y los sindicatos independientes, que la encíclica de León XIV reivindica expresamente como aliados indispensables para el bien común, sufren hoy en El Salvador un clima sistemático de acoso y criminalización. Dirigentes laborales han sido encarcelados bajo las ambiguas figuras del Régimen de Excepción, mientras los espacios tradicionales de diálogo tripartito han sido neutralizados por el oficialismo. Esta alarmante situación ha colocado al Estado salvadoreño bajo el escrutinio de la comunidad internacional, enfrentando la inminente amenaza de abandonar de forma deshonrosa la denominada “Lista Corta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estar en este listado, que agrupa a las naciones que violan de manera más grave los convenios internacionales sobre libertad sindical, evidencia un retroceso histórico que aísla al país y confirma el carácter represivo de la gestión pública frente a la clase trabajadora.
Frente a la narrativa oficial que descalifica las denuncias internacionales catalogándolas de “injerencia extranjera”, la doctrina social sostiene con firmeza la visión universal e indivisible de los Derechos Humanos. Los derechos fundamentales no dependen de la soberanía de los Estados ni de las fronteras; pertenecen intrínsecamente a cada persona por el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por ello, las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las relatorías de la ONU no pueden ser ignoradas bajo el pretexto del chovinismo político. La soberanía de una nación solo es legítima cuando sirve a la justicia y protege a los más vulnerables, no cuando se convierte en un muro para ocultar los abusos del poder absoluto. El mensaje que se desprende de este análisis es una invitación a mantener encendida la función profética e irrenunciable de la Iglesia. En un panorama nacional donde los partidos políticos tradicionales se han diluido y los contrapesos democráticos han sido anulados, el trabajo social eclesial, encarnado en sus comunidades de base y sus pastorales, se erige como el último faro de esperanza para los perseguidos, los sindicalistas criminalizados y las familias de los inocentes despojados de su libertad. La historia demuestra que los regímenes y sus demostraciones de fuerza son pasajeros, pero la exigencia evangélica de justicia social y la defensa de la dignidad del trabajador permanecen inalterables frente al tiempo.
Por: Luis Rafael Moreira Flores
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