Este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, América Latina no celebra; resiste. La efeméride nos encuentra en una encrucijada donde la retórica del desarrollo choca de frente contra los límites biofísicos de nuestros territorios. En este contexto de urgencia climática y social, el pensamiento social de la Iglesia Católica vuelve a encender un faro ético indispensable. La emblemática encíclica Laudato si’ (2015), en la que el Papa Francisco acuñó el concepto fundamental de “ecología integral” —la certeza de que las crisis ambientales y humanas no son problemas separados, sino una sola y compleja crisis socioambiental—, adquiere hoy una nueva y potente resonancia tras los recientes pronunciamientos del Papa León XIV en su encíclica “Magnifica humanitas”. Este hilo conductor nos obliga a mirar con crudeza lo que ocurre en nuestra propia casa: el preocupante fenómeno de la construcción descontrolada en El Salvador.
La encíclica Laudato si’ sacudió al mundo al denunciar la “cultura del descarte” y un modelo tecnocrático que mercantiliza los bienes naturales comunes, transformando la creación en mercancía. No se trataba de una simple carta verde o un tratado de conservación biológica, sino de una encendida defensa de los vulnerables, quienes siempre pagan la factura más alta del deterioro ambiental. El magisterio de la Iglesia insiste en que la Tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Cuando la especulación financiera y el crecimiento económico ilimitado se imponen sobre la dignidad humana y el equilibrio ecológico, el desarrollo se transforma en lo que las comunidades locales llaman, con justa razón, un proceso de despojo.
A lo largo y ancho de América Latina, este 5 de junio se convierte en un espejo del clamor de los pueblos originarios y las comunidades campesinas por defender sus territorios. Desde los defensores del agua en las alturas andinas hasta los guardianes de los bosques en Mesoamérica, la lucha por la tierra ha dejado de ser una reivindicación exclusivamente agraria para convertirse en una batalla por la supervivencia global. Estos movimientos comunitarios encarnan la esencia misma de la ecología integral: entienden que defender el río, el bosque o la cuenca es defender la memoria de sus ancestros, la soberanía alimentaria de sus hijos y la estabilidad climática de la región. Sin embargo, el costo de esta resistencia es asimilatorio y trágico. América Latina se mantiene año con año como la región más peligrosa del planeta para los defensores ambientales, un territorio donde proteger un manantial o denunciar una cantera ilegal puede costar la vida misma.
Al aterrizar esta realidad global y regional en el territorio salvadoreño, el panorama se vuelve alarmante. El Salvador, el país con la mayor densidad poblacional de Centroamérica y con niveles históricos críticos de estrés hídrico y degradación de suelos, padece una fiebre del concreto que amenaza con volver inviables sus zonas de recarga acuífera más vitales. El crecimiento inmobiliario descontrolado, impulsado por una planificación urbana deficiente o inexistente, ha tomado por asalto áreas de alto valor ecológico.
El caso de la Cordillera del Bálsamo, las faldas del Volcán de San Salvador y las zonas periurbanas de la zona metropolitana son ejemplos fehacientes de este modelo extractivista urbano. Lo que antes eran densos cafetales bajo sombra y zonas boscosas que funcionaban como esponjas naturales para absorber el agua de lluvia e infiltrarla hacia los acuíferos subterráneos, hoy son planchas kilométricas de asfalto, centros comerciales y complejos habitacionales de lujo. La paradoja salvadoreña es desgarradora: mientras los camiones mezcladores de cemento trabajan día y noche para levantar muros perimetrales y exclusivas residenciales, miles de familias en las periferias y comunidades rurales apenas reciben unas pocas horas de agua entubada a la semana, si es que la reciben del todo.
Esta destrucción sistemática del paisaje natural tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la seguridad de la población. Al impermeabilizar el suelo con cemento, la escorrentía superficial se multiplica exponencialmente durante la temporada de lluvias. El resultado no es el azar de la naturaleza, sino una vulnerabilidad autoinfligida: inundaciones urbanas crónicas que colapsan las principales arterias viales, cárcavas que devoran vecindarios enteros y deslaves mortales en zonas de ladera. La vulnerabilidad socioambiental del país no es un castigo divino; es el resultado de un urbanismo salvaje que privatiza las ganancias de la construcción mientras socializa las pérdidas y los desastres entre las mayorías empobrecidas.
La encíclica vaticana nos recuerda que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental”. En El Salvador, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las escasas fuentes superficiales de agua por vertidos sin tratamiento y el acaparamiento de tierras para proyectos urbanísticos de gran envergadura agudizan la exclusión social. La falta de acceso al agua potable y la destrucción de los entornos de vida comunitarios actúan hoy como potentes motores invisibles de la migración forzada y del desarraigo territorial.
¿Cuál es la salida ante este panorama de asfalto y exclusión? La respuesta exige transitar de forma urgente hacia un verdadero ordenamiento territorial con enfoque ecológico y de justicia social. El Salvador necesita con urgencia una moratoria ambiental efectiva en aquellas zonas críticas de recarga hídrica, la aplicación rigurosa de estudios de impacto ambiental transparentes y participativos, y una legislación urbana que obligue a los desarrolladores a mitigar de forma real el daño causado. El Estado y los gobiernos locales no pueden seguir actuando como meros tramitadores de permisos; deben asumir su rol constitucional como garantes del bien común y de los derechos de las futuras generaciones. Este 5 de junio nos invita a deponer la soberbia del concreto y a escuchar con atención tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. La defensa de la naturaleza en El Salvador y en toda la América Latina no es un romanticismo estéril ni un obstáculo para el progreso; es, por el contrario, la única condición de posibilidad para un futuro digno y habitable. Si continuamos permitiendo que el interés económico sectorial dicte la geografía de nuestro país, terminaremos construyendo ciudades modernas sobre los cimientos de un territorio desértico e inviable. La encíclica sigue vigente y el mensaje de las comunidades en resistencia en este día es unánime: la vida de la casa común no se negocia, se defiende.
Por: Luis Rafael Moreira Flores
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